El horror en México no siempre tiene el rostro del crimen organizado. A veces, se presenta en formas más silenciosas, más burocráticas, más invisibles. Así ha quedado demostrado tras el macabro hallazgo de casi 400 cuerpos en avanzado estado de descomposición en un crematorio de la colonia Plenitud, al sur de Ciudad Juárez. El escándalo, que ha sacudido a la opinión pública, expone una forma de violencia institucionalizada: la negligencia.
El crematorio, que operaba sin condiciones mínimas de salubridad ni equipo de refrigeración, fue clausurado luego de que vecinos del sector denunciaran olores fétidos persistentes. Lo que descubrieron las autoridades, encabezadas por la Fiscalía General del Estado, superó cualquier expectativa: montones de cadáveres apilados como si fueran desechos, algunos ahí desde 2020. Las cenizas que muchas familias recibieron podrían no corresponder a sus seres queridos.
“No todo el espanto procede del narco”, dijo una activista local que ha acompañado a familias afectadas. “Esto es una tragedia provocada por la desidia, por la omisión, por la falta de vigilancia. Una violencia que se oculta tras escritorios y permisos mal otorgados”.
Los operadores del crematorio, identificados como José Luis N. y Facundo N., ya fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el manejo ilegal de los cuerpos. Sin embargo, el caso apunta más allá de los individuos: pone en evidencia fallas estructurales en la supervisión de este tipo de establecimientos. ¿Quién autoriza estos lugares? ¿Cada cuánto se inspeccionan? ¿Qué controles existen sobre el destino final de los cuerpos que las funerarias trasladan?
El fiscal general César Jáuregui Moreno describió el inmueble como “una casa pequeña, de cinco o seis habitaciones, sin condiciones adecuadas para resguardar cuerpos”. La Fiscalía ha abierto una investigación por negligencia criminal y trata de identificar todos los restos encontrados, aunque no descarta que se amplíe la responsabilidad a autoridades que, por omisión, permitieron esta operación por años.
El impacto emocional y legal para las familias será profundo. Muchos deberán volver a iniciar trámites forenses, entregar muestras de ADN y enfrentar la dolorosa posibilidad de que los restos de sus familiares no fueron tratados con el respeto y dignidad que merecían. La confianza en los servicios funerarios —tan frágil como necesaria en momentos de duelo— ha quedado gravemente dañada.
Lo ocurrido en la incineradora Plenitud representa una dolorosa metáfora de la violencia en México: no siempre visible, no siempre asociada a balaceras o capos del narco, pero igual de devastadora. Una violencia que se cuela entre permisos vencidos, procesos sin supervisión y una indiferencia generalizada que permite que el horror se vuelva rutina.
Mientras las investigaciones avanzan, queda una pregunta flotando en el aire viciado por la fetidez del olvido: ¿cuántas otras Plenitudes existen en el país?
